REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veintinueve de noviembre de dos mil cuatro 194º y 145º ASUNTO : KP02-S-2004-007970 Vista la solicitud presentada por La Ciudadana NILDA AMELIA MONASTERIOS CAMPOS, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.492.356, de este domicilio, asistida de la abogada Ana B. Monasterios, IPSA No. 31.831, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Sector Dos Caminos en la Carretera que conduce Churuguara Vía Baragua, Parroquia Siquisique, Municipio Urdaneta del Estado Lara, sobre un lote de terreno perteneciente al Instituto Nacional de Tierras ( INTI ), que mide ocho hectáreas ( 8 Has. ) ; alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con Bienhechurías de SALVADOR MONASTERIOS Hijo, Carretera de por medio ; SUR: Con el Cerro El Chiguire ; ESTE: Con bienhechurías de GUSTAVO MONASTERIOS y OESTE: Con bienhechurías de ANA BELKYS MONASTERIOS. Dichas bienhechurías se encuentran cercadas con tres pelos de alambres y estantillos de madera y las ocho hectáreas de terreno aradas y preparadas para la siembra y la cría. El valor invertido es la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. 10.000.000,oo), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos DORIS MENDOZA Y HERYLUZ CASTEJON, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 12.848.743 y 16.196.216 respectivamente, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de La Ciudadana NILDA AMELIA MONASTERIOS CAMPOS ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Tamar Granados Izarra La Secretaria María Fernanda Alviárez TGI/AMV