REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DE PROTECCIÒN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. SALA DE JUICIO - JUEZ UNIPERSONAL N° 2 194º y l45º DEMANDANTE: Rosa Maria González González, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 5.939.721. DEMANDADA: José Enrique Indave, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 4.801.085. MOTIVO: Obligación Alimentaria. Mediante escrito presentado ante este Juzgado en fecha 17 de marzo de 2.004, la ciudadana Rosa Maria González González, ya identificada, en representación de su hija, la adolescente Maria Gabriela González, asistida por el Defensor Público del área de Protección del Niño y del Adolescente, extensión Carora, solicitó se citara al ciudadano José Enrique Indave, ya identificado, a los fines de que le fijara una pensión de alimentos a su hija en la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,oo) mensuales, además de los gastos de médicos, medicinas, vestidos, uniformes, útiles escolares, recreación, cultura, deportes y cualesquiera otros que su hija requiriese. Admitida la solicitud en fecha 22 de marzo de 2.004, se ordenó la citación del ciudadano José Enrique Indave. Asimismo, se emplazó a las partes para un acto conciliatorio de conformidad con el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. De igual forma se ordenó notificar al ciudadano Fiscal VIII del Ministerio Público. En fecha 26 de abril de 2.004, fue consignada la boleta de notificación del ciudadano Fiscal VIII del Ministerio Público debidamente firmada. En fecha 27 de abril de 2.004, se consignó la boleta de citación del ciudadano José Enrique Indave, debidamente firmada. En fecha 04 de mayo de 2.004, siendo el dìa y la hora fijada por este Tribunal para llevar a cabo el acto conciliatorio ordenado se dejó constancia que ninguna de las partes estuvieron presentes en el mismo y en esa misma fecha siendo las 2:30 pm, hora límite para despachar ante este Tribunal, se dejó constancia que el demandado no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial a dar contestación a la solicitud. Abierto a pruebas el procedimiento, sólo la solicitante promovió y evacuó pruebas documentales y testimoniales. Estando en el momento de decidir esta Sala de Juicio lo hace previa las siguientes consideraciones: Son dos los aspectos fundamentales que se deben constatar en autos para la procedencia de la obligación alimentaria, de conformidad con los artículos 366 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Estos aspectos son la filiación legal y la necesidad e interés del niño y adolescente y la capacidad económica del obligado. Con respecto al primer aspecto corre inserta en autos la copia certificada de la Partida de Nacimiento de la adolescente Maria Gabriela, en la cual se aprecia que dicha adolescente no está reconocida por su padre. En cuanto al segundo aspecto, cabe destacar que cumplida efectivamente la citación personal del demandado en autos, como consta en los folios ocho (8) y nueve (9) la boleta de citación, éste no compareció a dar contestación a la demanda por lo que opera contra él una presunción iuris tamtun de que admite los hechos alegados por la demandante hasta tanto no pruebe lo contrario. Con relación a esta presunción el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá como confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca (...)” El Profesor Arístides Rengel-Romberg señala que para Couture, “la rebeldía del juicio, o contumancia, se origina por la omisión del demandado de comparecer a estar a derecho cuando ha sido emplazado personalmente en el país, absteniéndose de participar en el proceso que se le sigue”. (Rengel-Romberg, A. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Pág. 132). Para que opere la confesión ficta quien juzga debe examinar dos supuestos contenidos en la norma ut supra transcrita, que son: que la petición de la demandante no sea contraria a derecho y que el demandado nada probare que le favorezca. En este caso en concreto la ciudadana Rosa Maria González González, demanda la obligación alimentaria por parte del ciudadano José Enrique Indave, para su hijo por lo que esta acción es procedente. Con respecto al segundo supuesto de la norma del artículo 362 eiusdem en el folio veintiséis (26) de autos se dejó constancia por la Secretaria que sólo la parte demandante promovió y evacuo pruebas. Como se observa el demandando nada probó que lo favoreciera y este Juez no tiene elementos en el expediente que flexibilice los efectos de la presunción aludida por lo que es forzoso determinar que opera la confesión ficta al concurrir los dos supuestos contenidos en el renombrado artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. Como así se declara. Se ha de señalar a los ciudadanos Rosa Maria González González y José Enrique Indave, que el artículo 5 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, consagra lo siguiente: “La Familia es responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos (...)” Y el artículo 30 eiusdem establece: “Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: a.- Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; b.- Vestido apropiado al clima y que proteja la salud; c.- Vivienda digna, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales. Parágrafo Primero: Los padres, representantes o responsables tiene la obligación principal dentro de sus posibilidades y medios económicos el disfrute pleno y efectivo de este derecho (...)” Como se puede observar, la Obligación Alimentaria es una responsabilidad compartida, tanto para el padre como para la madre y ante que todo es una obligación natural que deben cumplir sin la necesidad de que una autoridad los constriña hacerlo. DECISIÒN Con fundamento a todo lo expuesto este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Con Lugar la demanda de Obligación Alimentaria intentada por la ciudadana Rosa Maria González González, en representación de su hija, la adolescente Maria Gabriela, contra el ciudadano José Enrique Indave. En consecuencia se fija la Pensión de Alimentos en la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,oo) mensuales, además de cubrir con el 50% de los gastos de médicos, medicinas, educación, recreación, deportes, vestuario y cualesquiera otros que su hija requiriese Expídase copia certificada de la sentencia a la parte interesada. Regístrese y Publíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Carora, 25 de mayo del 2.004.- EL JUEZ UNIPERSONAL N° 2 Abg. ALBERTO HERRERA CORONEL LA SECRETARIA Abg. LUISA CRISTINA GONZALEZ CAMPOS En esta misma fecha se registró bajo el N° 297-2.004 y se publicó siendo las 9:00 a.m. LA SECRETARIA Abg. LUISA CRISTINA GONZALEZ CAMPOS EXP Nº 2SJ-2.650-04 AHC/amr-3