JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO EN RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Barquisimeto, 07 de junio de 2004
Años: 193° y 145°

ASUNTO: KH04-S-1996-000007

JUEZ PONENTE: ABG. DOMINGO JAVIER SALGADO RODRÍGUEZ

DEMANDANTE: CAROLINA EDUVIGES LORENZO GUZMAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.113.043, de éste domicilio.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: HONORIO R. PERNALETE D., de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 61.866.

DEMANDADA: CLÍNICA LARA, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Estado Lara, en fecha 30-05-1984, bajo el N° 4, Tomo 1-F, de éste domicilio.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ANTONIO FERMÍN, de éste domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 49.648.

MOTIVO: CALIFICACIÓN DE DESPIDO
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (PERENCIÓN INTIMACIÓN)

RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS

Terminada la causa principal folios 242 al 246, el apoderado judicial de la parte demandante presentó en fecha 11-11-1998, escrito de Intimación de Honorarios Profesionales, la cual fué admitido en fecha 27-11-1998. Intimada la demandada en fecha 30-11-1998, esta presentó escrito donde realizó oposición a la Intimación y se acogió al derecho de retasa folios 254 al 258 respectivamente. Designados los jueces retasadores, consignados los emolumentos respectivos, retirados estos, se procedió a la constitución de jueces retasadores y designación de juez ponente recayendo tal designación en el abogado HENRY NAVARRO BUSTOS, a quien se acordó entregar el expediente para la elaboración de la ponencia respectiva fijándose lapso para consignarla folios 283 al 293. En fecha 21-11-2000, el Tribunal acordar notificar al juez ponente a los fines de citar sentencia. Ahora bien, por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en fecha 27-05-2004, el Juez de éste Despacho se abocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación del Intimante mediante la fijación de cartel de notificación en la cartelera del Tribunal; cumplido ello y vencido el lapso establecido, este Tribunal para decidir observa:



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Así las cosas, quien juzga de una profunda revisión del expediente observa, que aún encontrándose la causa en estado de sentenciar, la parte Intimante no ha ejercido actuación o solicitud alguna que force al juez a su pronunciamiento final, mostrando así un abandono de la causa y un desinterés en obtener una respuesta jurisdiccional a sus requerimientos. Sobre ello la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 28 de octubre del 2003 y con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, haciendo a la vez alusión a la sentencia No.956 del 01 de junio del 2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se estableció que
“Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice el bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita ni de indemnización (si ello no lo demandó), ni del fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.

En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.

Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.

No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. (...)

(...) La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. (...)

(...) De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.

Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida.

Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara. (Subrayado de quien juzga).


Según la Sala Constitucional lo anterior es procedente por cuanto “… el abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, pues que revela una actitud negligente que procura una prolongación indefinida de la controversia…”, lo cual constituye además “… una afrenta del sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el Archivo Judicial, pero que no avanza hacia su fin natural.”

Ahora bien, es oportuno abundar sobre la figura de la perención, que regula el Articulo 267 del Código de Procedimiento Civil la cual excluye la procedencia de ésta institución procesal después de vista la causa para sentencia, pero que de manera acertada es regulada en la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 201, estableciendo que la instancia se extingue de pleno derecho sin haberse ejecutado ningún acto de las partes y que igualmente queda extinguida si transcurrido igual tiempo después de vista la causa para sentencia no hubiere actividad alguna por las partes o por el juez; no obstante, aún cuando ya se encuentra vigente la mencionada norma, ella no puede tener efecto retroactivo, esto es, que no es factible su aplicación a los procedimientos que se hallen en el supuesto de perención después de vista la causa para sentenciar, antes del 13 de agosto del 2003, ello en perfecta armonía al postulado establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que a su vez encuentra su justificación en la seguridad jurídica, como valor primordial del Derecho.

Por lo tanto, se ha expresado que para que proceda la declaratoria de decaimiento de la acción por falta de interés procesal, es indispensable que concurran los siguientes requisitos: A) que el juicio se encuentre en suspenso y en estado de dictar sentencia. B) Que el actor no inste al juez en su obligación de dictar sentencia. C) Que se haya sobrepasado el término que la ley contempla para la prescripción del derecho objeto de la pretensión y que las partes no hayan actuado por lo menos durante el año siguiente a dicho término. D) Que el juez haya notificado al actor para que explique la causa de la desidia. Esta notificación en principio debe ser efectuado en el domicilio procesal señalado por el actor en el libelo o en cualquier otro acto del proceso y de no constar esa publicación se efectuará en la cartelera del tribunal, ello en aplicación analógica del Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, encontrándose la presente causa en estado de dictar sentencia, no constando ninguna actuación de las partes donde se inste al sentenciador a dictar su respectivo fallo desde el 02-11-2000 folio 303, vencido como se encuentra el lapso para la prescripción del derecho que se reclama y habiendo sido notificada la parte actora para que compareciera al Tribunal a informar sobre las razones de su decidía para lo cual no compareció, y por supuesto nada expuso a su favor, en consecuencia en aplicación a la doctrina antes esbozada, quien juzga discurre que el interés por el proceso ha decaído por la notoria falta de diligencia del accionante y abandono del trámite, en consecuencia, es forzoso declarar el “Decaimiento de la Acción por Notoria Falta de Interés Procesal”, y así se decide. Por lo que éste JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Constitución Nacional y la Ley, DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN, y como consecuencia de ello la terminación del proceso ordenándose así el archivo oportuno del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expediente del Archivo Judicial Regional.


Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho, del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los siete días del mes de junio de dos mil cuatro, (07-06-2004). Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

DIOS Y PATRIA
EL JUEZ

Abg. DOMINGO JAVIER SALGADO RODRÍGUEZ

LA SECRETARIA

ABG. MARIELA COROMOTO PARRA



Publicada en su fecha a las 1:30 pm.-

LA SECRETARIA

ABG. MARIELA COROMOTO PARRA



La Suscrita Secretaria de éste Tribunal; CERTIFICA: Que la presente copia es traslado fiel y exacto de su original Sentencia Definitiva Formal fecha Ut-Supra.-

LA SECRETARIA

ABG. MARIELA COROMOTO PARRA

DJSR/JN.-