TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 10 de junio de 2004
194º y 145º

ASUNTO: KP02-R-2004-000450

PARTES EN EL JUICIO:

DEMANDANTE: DICKLA BLATCH, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 10.722.586.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: ANA LUISA ANGULO LOBO, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 44.771 y de este domicilio.

DEMANDADO: DISTRIBUIDORA BENEDETTI C.A, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 20 de marzo de 1972, bajo el N° 93 del Libro de Comercio N° 02.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: MARLON GAVIRONDA, SERGIO CAMPANA ZERPA Y RAMON AGUILAR, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nº 44.088, 34.764 y 33.837 respectivamente y de este domicilio.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA: DEFINITIVA.
ASUNTO Nº KP02-R-2004-000450

I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS

Se inicia la presente causa por cobro de prestaciones sociales interpuesta por la ciudadana DICKLA BLATCH, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 10.722.586, por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en contra de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA BENEDETTI C.A, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 20 de marzo de 1972, bajo el N° 93 del Libro de Comercio N° 02, contentiva de reclamación de cobro de prestaciones sociales, entre otros.

En fecha 15 de marzo del 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, profiere sentencia definitiva en la que declara con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales intentada; en fecha posterior es aclarada la sentencia, la cual corre inserta a los folios 147 al 151.

En fecha 02-04-2004 el apoderado judicial de la accionada apela de la mencionada sentencia. En virtud de lo cual el juzgado a-quo oye la apelación en ambos efectos.

Llegado el asunto a este Despacho, se le dio entrada y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, que tuvo lugar en fecha 20 de mayo del 2004, (f. 157), la cual es suspendida, a solicitud de las partes, fijándose el día 08-06-04 para que tenga lugar la continuación de la misma, en donde se declaró homologado el acuerdo convenido por las partes con fuerza de cosa juzgada.

II
DE LA CONCILIACIÓN

Llegada la oportunidad de exponer los fundamentos de la homologación, esta Superioridad lo hace en los términos que a continuación se expresan:

La conciliación constituye uno de los medios de autocomposición procesal madiante el cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso, al respecto señala nuestro texto constitucional su artículo 258.

“La Ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”

En efecto, la consagración constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos obedece a la necesidad latente en nuestro sistema de justicia, de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 6 consagra la facultad del juez para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos en los términos siguientes:

´´El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento…..´´

Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la adoctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.

Sin embargo, la mediación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los jueces laborales deben actuar en procura de ello y así lo ha sostenido el ilustre procesalista Henríquez La Roche en los términos siguientes, al señalar:

“En nuestro proceso laboral la mediación la realiza el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución…En ningún caso el juez-mediador puede adelantar opinión sobre lo principal del pleito ni comprometer su autonomía judicial, respecto al contenido de su decisión. Este riesgo no existe en la audiencia preliminar, pues es el juez mediador no tiene potestad decisoria alguna, correspondiéndole al juez de juicio la resolución de la causa. Sin embargo, nada obsta para que éste último o el juez superior o la misma Sala de Casación procure un avenimiento mediando entre las partes, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil: <>”(Henríquez La Roche, R. “El nuevo proceso laboral”. p. 358 )

En cualquier instancia y grado del proceso antes de la sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, no excluyéndose a esta superioridad, una vez que las partes convengan de mutuo acuerdo en una transacción; es deber del juez verificar la capacidad de las partes para disponer del proceso.

Establecido lo anterior, esta Superioridad debe en primer término verificar la capacidad de las partes que desean celebrar la transacción con el fin de ponerle fin a la controversia, en aras de dar cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala Constitucional en fecha 21 de Enero de 2000, con ponencia del Magistrado José M Delgado Ocando:

“…En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan –en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad, jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación.”

Este criterio fue ratificado por esta Superioridad recientemente, en fallo de fecha 04 de marzo de 2004, en acción de amparo constitucional intentada por Frío Box, C.A. y Criotek, C.A. en contra del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo en Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en donde se adujo lo siguiente:

“Ambos autos emitidos por los jueces Colmenares y Suárez Gavidia en el mismo orden, como se aprecia, no plantean motivación alguna de la cual se constate como efectuado el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado, lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, violatorio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la vigente Carta Magna. Así se declara”.

Sobre la base de lo anterior, debe esta Alzada pronunciarse sobre la capacidad de las partes para transar, a cuyo efectos debe proceder al examen de las actas procesales, con respecto del poder conferido a la abogado CARMEN UZCATEGUI, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 47.715; corre inserto al folio 79 de la presente causa, poder Apud acta que le fuera conferido por la ciudadana DICKLA AURORA BLATCH, en fecha 22 de noviembre de 1999, en el ejercicio de este poder está facultada para transigir, convenir, desistir, entre otros

En cuanto a los apoderados de la accionada: MARLON GAVIRONDA, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A. bajo el Nº 44.088 respectivamente y de este domicilio, corre inserto a los folios 35 y 36, poder que le fuera conferido por el ciudadano PEDRO GUZMAN MATOS, en su carácter de Presidente de DISTRIBUIDORA BENEDETTI C.A BARQUISIMETO, otorgado por ante la Notaría Undécima de Caracas, en fecha 29 de septiembre 1998, bajo el N° 8, tomo 232; en el ejercicio de ese poder está facultado, para convenir, transigir, desistir, entre otros. Así se declara.

Establecida la capacidad de las partes para transar, durante el desarrollo de la audiencia esta Superioridad instó a una conciliación entre las partes, lo que trajo como resultado que el representante legal de la Empresa Distribuidora Benedetti, abogado MARLON JESUS GAVIRONDA, propone a la apoderada judicial de la parte actora, abogada CARMEN UZCATEGUI, por concepto de: Prestaciones Sociales, Intereses Causados por La Antigüedad y Honorarios Profesionales de Abogado, Indexación, Costos Y Costas del Proceso, Así como todos los demás conceptos demandados, la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 32.000.000,oo), para ser honrados de la siguiente forma: PRIMER PAGO: Lunes 14 de junio del 2004, por la cantidad de DIECISEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 16.000.000), en cheque a nombre de la apoderada judicial de la parte actora. SEGUNDO PAGO: Viernes 09 de julio del 2004, por la cantidad de DIECISEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 16.000.000), en cheque a nombre de la apoderada judicial de la parte actora. En este estado, la apoderado judicial de la parte actora antes identificado, expone: “acepto la propuesta de pago formulada por el representante legal de la empresa accionada, solicitando que cumplido como fuere el pago en cuestión se declare la finalización del proceso, su homologación por el ciudadano juez y la terminación del mismo.

Por consiguiente, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, esta Superioridad imparte su aprobación y en consecuencia, declara homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano, impartiéndole el valor de cosa juzgada

III
D E C I S I O N

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO la transacción celebrada entre los abogados MARLON JESUS GAVIRONDA en su condición de apoderado judicial de la accionada y la Abogado CARMEN UZCATEGUI, en su condición de apoderada judicial de la parte actora. El representante legal de la Empresa Distribuidora Benedetti, abogado MARLON JESUS GAVIRONDA, propone a la apoderada judicial de la parte actora, abogada CARMEN UZCATEGUI, por concepto de: Prestaciones Sociales, Intereses Causados Por La Antigüedad Y Honorarios Profesionales De Abogado, Indexación, Costos Y Costas del Proceso, Así como todos los demás conceptos demandados, la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 32.000.000,oo), para ser honrados de la siguiente forma: PRIMER PAGO: Lunes 14 de junio del 2004, por la cantidad de DIECISEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 16.000.000), en cheque a nombre de la apoderada judicial de la parte actora. SEGUNDO PAGO: Viernes 09 de julio del 2004, por la cantidad de DIECISEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 16.000.000), en cheque a nombre de la apoderada judicial de la parte actora. En este estado, el apoderado judicial de la parte actora antes identificado, expone: “acepto la propuesta de pago formulada por el representante legal de la empresa accionada, solicitando que cumplido como fuere el pago en cuestión se declare la finalización del proceso, su homologación por el ciudadano juez y la terminación del mismo.

En consecuencia, le imparte el valor de COSA JUZGADA y ordena la inmediata devolución del expediente a su Tribunal de origen.

Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los diez días (10) del mes de junio del año dos mil cuatro.

Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Juez Titular, La Secretaria,

Dr. Alejandro Yabrudy Fernández Abg. Audrey Guédez Giménez

En igual fecha y siendo las 12.15 p.m. se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Secretaria,