REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veintiseis de agosto de dos mil cuatro 194º y 145º ASUNTO : KP02-S-2004-006026 Vista la solicitud presentada por la ciudadana MORAIMA LISBETTH MEDINA, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.369.966, de este domicilio, asistida de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que fomentó a expensa propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el barrio Las Veritas, Vía Carorita, callejón 1, casa N° 4-21, Parroquia Unión, Municipio Iribarren de esta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido, que mide 29,50 Mts. de largo 11,10 Mts. de ancho; alinderadas de la siguiente manera NORTE: con terreno ocupado por Jose Flores; SUR: con terreno ocupado por Gloria de Veliz; ESTE: calle principal; y OESTE: con terreno ocupado por Gloria de Veliz. Dichas bienhechurías consisten en una casa de habitación con las siguientes características: paredes de bloques, piso de cemento, techo una parte de zinc y otra de acerolit, una puerta de metal, una cocina, una habitación, una sala, dichas bienhechurías tienen un área de construcción de 8,50 Mts. de ancho por 11,40 Mts. de largo. El valor invertido es la cantidad de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos MARISELA SUAREZ y AQUINO YENNY titulares de las cédulas de identidad N° 9.605.130 y 12.627.861, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de la ciudadana MORAIMA LISBETTH MEDINA ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- LA JUEZ TAMAR GRANADOS IZARRA LA SECRETARIA MARIA FERNANDA ALVIAREZ TGI/g.p.