REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
EN SU NOMBRE
 
PODER JUDICIAL
 
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
 
TRIBUNAL OCTAVO DE CONTROL 
 
 
ASUNTO: KP01-P-2004-000294
 
 
                                              Barquisimeto, 06 de Abril de 2004						                          Años 193° y 144°	
 
 
Corresponde a este Tribunal Octavo de Control de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentar la Medida de Privación Judicial Preventiva  de Libertad  decretada en audiencia celebrada en fecha 23 de Marzo  de 2.004, según lo solicitado por la Fiscalía Décima  del Ministerio Publico de este estado, mediante la cual se  decreto Medida de privación judicial preventiva de libertad, este tribunal para decidir observa. 
 
 
 En esta oportunidad,  la Fiscalía Décima del Ministerio Publico de este Estado, hizo solicitud de Privación Judicial Preventiva de Libertad y en la Audiencia celebrada en esa  fecha, en virtud de habérsele atribuido al ciudadano FRANCISCO ALEJANDRO RODRIGUEZ CORTEZ, quien es venezolano, mayor de edad, Cédula de Identidad N° 16.583.746, nacido el18-09-1.982, de Veintiún  (21) años de edad, chofer, casado, hijo de Liliana Cecilia Rodríguez Cortés y Alejandro Rodríguez , residenciado en la Calle 1 carrera 3 casa N° A3-9 Santa Isabel,  por la presunta  Comisión del  delito de Robo Agravado y Robo Agravado de Vehículo Automotor,  tipos penales , previstos y sancionados en los artículos 460 del código penal y articulo 6 ordinal 1°, 2° y 10° de la Ley sobre Hurto y Robo de vehículo automotor, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 86 del código Penal.
 
 
Ahora bien, en la oportunidad de la audiencia Oral, en la fecha, arriba indicada, una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición del imputado, el representante Fiscal, solicito la privación Judicial Preventiva de Libertad,  por estar llenos los extremos de procedencia establecidos en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Considerando procedente el solicitar la prosecución del presente asunto por los tramites del procedimiento Abreviado. Solicitando la defensa, la imposición de una Medida Cautelar sustitutiva a la de la Libertad, esto es la prevista en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando solicitar se decrete el procedimiento ordinario en el presente asunto.
 
 
 
Observa este Tribunal,  que de actas se evidencia la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de Libertad, tratándose de un delito de tan grave entidad como el Robo agravado y robo Agravado de vehículo automotor, tipos penales estos que se ha hecho tan frecuente en nuestra sociedad,  cuya acción no esta evidentemente prescrita. Aunado a la circunstancia, que según lo esbozado por el representante Fiscal, dentro de lo que configuran las investigaciones adelantadas, existen suficientes elementos de convicción, para estimar la participación o posible participación de este ciudadano en el Hecho Punible, aquí investigado Así como suficientemente acreditado el peligro de fuga, en base a la presunción establecida en el artículo 251 en su parágrafo primero.  Existiendo diversas circunstancias que hace presumir, ambos extremos el peligro de fuga y el de obstaculización, al considerarse que este ciudadano pudiere influir en las victimas, testigos o expertos del presente proceso e inclusive pudiendo ocultar o destruir elementos probatorios en las investigaciones.
 
 
	Observa este Tribunal, que en atención a las circunstancias particulares del presente asunto, toda vez que en base a lo esbozado por los funcionarios aprehensores en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del la detención del imputado. Concatenado a que del conjunto racional que conforma el presente asunto, reevidencia la existencia de un hecho punible, cuya acción no esta evidentemente prescrita, así como se desprenden suficientes elementos para estimar razonablemente la participación de este ciudadano, en los tipos penales investigados, establecida esta  circunstancia, que según lo esbozado por el representante Fiscal, dentro de lo que configuran las investigaciones adelantadas, existen suficientes elementos de convicción, para estimar la participación o posible participación de este ciudadano en el Hecho Punible, aquí investigado. Así como suficientemente acreditado el peligro de fuga y el de obstaculización, en virtud de la magnitud de la pena que pudiera llegar a imponerse, siendo necesaria el aseguramiento de este ciudadano al proceso, en consecuencia, se aparta quien Juzga del Criterio esbozado y garantizado en nuestro Proceso Penal, como el juzgamiento en Libertad, esto es garantía recogida en los Tratados y Pactos Internacionales suscritos y ratificados por  Venezuela. Procediendo solo excepcionalmente las medidas coercitivas de privación o limitación a la misma, cuando serán justificados los requisitos de procedencia de conformidad a lo dispuesto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Adjetivo Penal, los cuales están configurados de manera cierta en el presente caso.
 
 
 
Y es por lo anteriormente expuesto y en razón de lo preceptuado en el articulo 13 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, considera necesario, para averiguar la verdad, siendo lo procedente y ajustado a derecho, el decretar medida Privativa de Libertad , al imputado de marras. En este sentido apartándose esta Juzgadora, del principio establecido en nuestro proceso penal venezolano, en lo relativo  que la regla es la Libertad y la privación la excepción, comporta este caso en particular, suficientemente llenos los extremos del articulo 250, 251 y 252 del Código adjetivo Penal, en consecuencia se procede a decretar Medida Privativa de Libertad, al prenombrado ciudadano, por la presunta comisión del Delito señalado por el Representante  Fiscal.  Y así se decide. 
 
 
 
DISPOSITIVA
 
 
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Octavo de Control,  Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, DECRETA LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE  LIBERTAD,  contra el ciudadano FRANCISCO ALEJANDRO RODRIGUEZ CORTEZ, quien es venezolano, mayor de edad, Cédula de Identidad N° 16.583.746, nacido el18-09-1.982, de Veintiún  (21) años de edad, chofer, casado, hijo de Liliana Cecilia Rodríguez Cortés y Alejandro Rodríguez , residenciado en la Calle 1 carrera 3 casa N° A3-9 Santa Isabel,  por la presunta  Comisión del  delito de Robo Agravado y Robo Agravado de Vehículo Automotor,  tipos penales , previstos y sancionados en los artículos 460 del código penal y articulo 6 ordinal 1°, 2° y 10° de la Ley sobre Hurto y Robo de vehículo automotor, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 86 del código Penal todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 250, 251 y 252 , del Código Orgánico Procesal Penal.  Cúmplase lo ordenado. Notifíquese a las partes.
 
 
Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, a los Seis (06 ) días  del mes de Abril de 2004. Cúmplase lo ordenado.-                                                                      
 
 
LA JUEZA TITULAR OCTAVA DE CONTROL 
 
 
ABG. LAURA ELIZABETH ADAMS CAMACHO.
 
 
 
La Secretaria
 
Abg. Lina  Rodríguez
 
 
 |