TRIBUNAL QUINTO DE JUICIO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO LARA.-
193º Y 144º
ASUNTO: KP01-P-2002-001122.
Barquisimeto, 17 de Diciembre de 2003
Procede este Tribunal en virtud de lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, a examinar a solicitud de la defensa sobre la necesidad del mantenimiento de la medida de coerción personal que pesa sobre el ciudadano JEAN CARLOS SEGOVIA, a quien el Estado Venezolano representado por el Fiscal Noveno del Ministerio Público Estado Lara, Acusa formalmente por la concurrencia de hechos punibles de ROBO AGRAVADO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, AGAVILLAMIENTO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, a los fines de decidir, previamente observa:
I
ANTECEDENTES.
En fecha 23 de enero de 2003 la Defensora Pública Ana Morillo, solicita al Tribunal el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad a favor del ciudadano Jean Carlos Segovia, pedimento del cual fue acordado por este Juzgado por auto fundado de fecha 30 de enero de 2003 en el cual expresó:
“…este Tribunal acuerda lo solicitado y en consecuencia se acuerda en virtud del principio de igualdad entre las partes, medida cautelar sustitutiva a su patrocinado en los mismos términos acordados, al procesado José Tomas Ureche, además con base en los fundamentos que motivaron al Tribunal en esa oportunidad a otorgar la sustitución de la Privación Judicial Preventiva de Libertad por una Medida cautelar sustitutiva las cuales se dan acá por reproducidas, la sustitución de la Privación Judicial Preventiva de Libertad por una Medida Cautelar sustitutiva de la prevista en el artículo 256 ord. 3,4,5 y 9 en relación con el Art. 258 ambos del Código Orgánico Procesal Penal y que son las siguientes: Del Ord. 3 presentación todos los lunes y viernes de cada semana por ante la (U.R.D.D) del Ord. 4° la Prohibición de salida de la circunscripción judicial del Estado Lara y del país, del Ord. 5° y 6° no podrá comunicarse con las victimas o testigos a través de ningún medio o de alguna forma….del Ordinal 9° en relación con el art 258 se le impone una caución personal y a tal efecto deberá presentar por ante este Tribunal tres personas de reconocida buen conducta, responsables y que además tengan capacidad económica para atender las obligaciones a que se refiere el último mencionado art…..una vez presentados estos recaudos…se fijará la correspondiente audiencia para constituir la fianza y una vez constituida en su oportunidad se pronunciará el Tribunal de la libertad…” (Cursivas del Tribunal)
En fecha 30 de abril de 2003, este Tribunal negó el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad al acusado de autos al estimar insuficientes los recaudos consignados por su defensa relativos a los fiadores requeridos en la decisión que acordó la medida menos gravosa antes transcrita.
En fecha 05 de Noviembre de 2003, la Defensa solicita la revisión de la medida de coerción personal que pesa sobre su patrocinado, alegando:
“…Nuestro novísimo Codigo…establece la posibilidad de que el Tribunal podrá eximir al imputado de la obligación de prestar caución económica, a su Juicio, este se encuentre en la imposibilidad manifiesta de presentar fiador o no tenga capacidad económica para ofrecer la caución…” (Cursivas del Tribunal)
II
DE LOS FUNDAMENTOS PARA DECIDIR.
Observa este Tribunal el deber en que se encuentra de revisar de oficio o a solicitud de la defensa como en el caso de marras sobre la necesidad del mantenimiento de la medida de coerción personal impuesta, lo cual, se desprende del tenor del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone:
Artículo 264 Código Orgánico Procesal Penal.
“EXAMEN YREVISION. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses , y cuanto lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación…”
En este sentido y ante la privación judicial decretada por el Tribunal de Control N° 6 en fecha 8 de julio de 2002 en contra del acusado de autos, es menester señalar, que la misma se impuso como custodia necesaria ante la presunción de fuga reinante y sobre la cual se considera necesario abordar la doctrina que sobre este principio adjetivo penal se conoce como el FORMUS BONIS IURIS y del PERICULUM IN MORA, el primero o la apariencia del buen derecho, implica un juicio de valor por parte del Juez, sobre la posibilidad de que el imputado sea responsable plenamente, tomando como base la exigencia de un hecho con las características o notas que lo hacen punible y la estimación que el sujeto ha sido autor o participe de ese hecho, lo cual, se encuentra subsumido en el artículo 250 en sus ordinales 1°, 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal tomado como base de su detención; En cuanto al segundo supuesto para decretar la privación judicial preventiva de libertad (periculum in mora), no es otra cosa que el riesgo de que el retardo en el proceso pueda neutralizar la acción de la justicia ante la posible fuga del acusado, que en el caso de autos existe el peligro inminente de que ocurra, lo que impediría la búsqueda de la verdad, supuesto de hecho previsto en el ordinal 2 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que hace referencia a la pena que podría llegar a imponerse, supuestos estimados por el Tribunal de Control al decretar la media de coerción personal que ocupa la atención de este Juzgador.
En este orden de ideas, es preciso abordar de igual forma las normativas Supra Constitucionales suscritas y ratificadas por la República que autorizan la privación judicial preventiva de libertad sin que se violen o conculquen derechos Constitucionales del acusado, pues, la expectativa a ser juzgado en libertad que ha alegado en diversas solicitudes de revisión de medida sobre las que este Juzgador se pronunció sobre su improcedencia fueron ajustadas a derecho al existir de igual forma limitaciones en la Carta Magna e igualmente establecidas en las disposiciones contenidas en el artículo 7 numeral 2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos que establece “Nadie podrá ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”, por su parte el artículo XXV de la declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre señala: “Nadie podrá ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes.”; El artículo 9 numeral 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Policitos, consagra: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la Ley y con arreglo al procedimiento establecido en este”. Sobre esta presunción de los Jueces se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala en Sala Constitucional enunciado en Sentencia Nº 723 del 15 MAY2001 en el expediente Nº 01-0380, en virtud del cual manifiesta:
“Al respecto, esta Sala Observa que…la norma (sic) le otorga expresamente al juez la potestad de valorar y determinar cuándo se está en el caso concreto, ante los supuestos exigidos para la procedencia de la medida de privación de libertad, por tanto, es potestad exclusiva del juez determinar cuándo existe la presunción razonable de peligro de fuga, de manera que, estima esta Sala que al cumplirse con los extremos procesales del artículo (sic) de carácter eminentemente discrecional, la presunción de peligro de fuga basta con que para el sentenciador sea racional, en atención a la duda razonable que se desprende del caso, para que resulte ajustada a derecho (sic) se trata de una ponderación de las circunstancias del caso concreto de los autos, donde su única limitación legal se encuentra en lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código Orgánico Procesal Penal, que, como se señaló con anterioridad, han sido cumplidos a cabalidad, por lo que mal podría transgredir dicha apreciación derechos constitucionales...” (Cursivas y Negrillas del Tribunal).
De tal mantera que, la medida de coerción personal que pesa sobre el Acusado de autos fue impuesta bajo criterios subjetivos basados en indicios razonables del peligro de fuga que hacen a la privación decretada una decisión ajustada a derecho; Sin embargo, sobre este criterio eminentemente discrecional se impone la obligación de los Jueces de velar por la incolumidad de la Constitución y el Control Judicial consagrados en los artículo 19 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal relativo a las garantías y principios procesales del sistema acusatorio, en el cual, ante la imposibilidad manifiesta de presentar fiadores exigidos por este Tribunal para acordar la libertad limitada como medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el acusado, se estima que lo procedente y ajustado a derecho es eximirlo de ésta obligación debido a que la misma se ha desnaturalizado en su finalidad por ser de imposible cumplimiento, así se observa lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone:
“El tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible…”
Bueno es precisar, que este Tribunal a pesar de haber mantenido la privación decretada por el Tribunal de Control N° 6, estimó por auto de fecha 23 de enero de 2003 que la búsqueda de la verdad como finalidad del proceso prevista en el artículo 13 del Código en referencia, puede ser razonablemente satisfecho con la libertad del hoy acusado a quien se le impuso la obligación de presentar fiadores sobre los cuales una vez consignados los recaudos de éstos se estimó insuficientes para decretar la libertad; Sin embargo, ya este Operador de justicia emitió una decisión judicial de otorgar una medida cautelar menos gravosa a la existente, que por difícil o imposible cumplimiento de las condiciones impuestas no se ha materializado, y ante esa situación social y económica del acusado se imponen sus derechos fundamentales de que goza en el proceso de ser juzgado en libertad como le fue acordado, expectativas sobre las que el Dr. Luiggi Ferrajoli en su obra “Los Fundamentos de los derechos fundamentales (pag.20) expresó:
“son fundamentales, por ejemplo, también los derechos adscritos al imputado por el conjunto de las garantías procesales dictadas por el código procesal penal, que es una ley ordinaria.”. (Cursivas del Tribunal)
Como corolario de lo anterior y ante la imposibilidad del acusado de presentar fiadores, este Tribunal estima que lo procedente y ajustado a derecho es otorgar una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad bajo la modalidad de presentación periódica ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) cada 15 días contado a partir de la presente fecha a tenor de lo dispuesto en el artículo 256 ordinal 3° y 4° ibidem, así como se le impone de la obligación de asistir a la audiencia de juicio oral y público y de la prohibición de ausentarse de la circunscripción del Tribunal, debiendo asimismo comparecer ante esta Instancia y comprometerse mediante acta a cumplir las obligaciones impuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 260 del mismo cuerpo normativo. ASI SE DECLARA.-
III
DISPOSITIVA
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, este Tribunal en función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a favor del acusado JEAN CARLOS SEGOVIA cedulado con el N° V-15.729.365, ampliamente identificado en autos, bajo la modalidad de presentación periódica cada quince (15) días ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), imponiéndosele de la obligación de no ausentarse de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y a presentarse el día del Juicio Oral y Público y a todos los actos para los cuales fuesen convocados por el Tribunal.
Regístrese, Publíquese, Notifíquese a las partes y Líbrense las correspondientes Boletas de Libertad.
Dada, firmada y sellada a las 03:45 p.m. en la Sede del Tribunal en Función de Juicio en Barquisimeto a los diecisiete días del mes de Diciembre de dos mil tres (17/12/2003). Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
EL JUEZ TITULAR QUINTO DE JUICIO
ABG. ORINOCO FAJARDO LEON.
LA SECRETARIA
ABG. MARIA GEORGINA JIMENEZ BALZA.
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.
LA SECRETARIA
ABG. MARIA GEORGINA JIMENEZ BALZA.
ASUNTO KP01-P-2002-001122.-
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