REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL No.9
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
EN SU NOMBRE
Barquisimeto, 23 de Diciembre de 2003
Años: 193° y 144°
AMPARO CONSTITUCIONAL
ASUNTO: KP01-O-2003-000583
Revisadas las actas que conforman el presente asunto y estando dentro del lapso legal para decidir la solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL en su modalidad de MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS, esta Juzgadora observa:
En fecha 22 de los corrientes, se recibió escrito, suscrito por, el ciudadano EDUAR ENRIQUE CAMACHO CHIRINOS, asistido en ese acto por el Abogado ARMINIO LUGO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 25640, según el cual solicita se expida MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS a favor de su propia persona, por desconocer los motivos o las razones que dieron lugar a su privación de libertad.
En la misma fecha, el Tribunal acordó abrir la averiguación sumaria y solicitar la información correspondiente al Director de los Servicios Policiales del Estado Lara, como accionado y la notificación al Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Público, conforme a lo establecido en los artículos 15 y 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Ahora bien, dentro del lapso establecido se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, comunicación del accionado, la cual fue consignada por ante este Tribunal en esta misma fecha, informando que el ciudadano EDUART ENRIQUE CAMACHO CHIRINOS no se encontraba detenido en ese recinto policial.
Vista la anterior información, corresponde entonces a este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control No. 3, actuando como Juez Constitucional del Estado Lara, en virtud de la competencia legalmente atribuida, pronunciarse sobre la licitud o no de la detención de que fueran objeto los quejosos, para lo cual hace las siguientes consideraciones:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla en el Capítulo III de su Título III los derechos civiles, entre los que se consagra la LIBERTAD PERSONAL, específicamente en su artículo 44, disponiendo que este derecho fundamental es INVIOLABLE, rodeándolo de una serie de garantías especiales que complementan esa declaración, y que integran junto con ésta, el contenido de ese derecho.
Establece el citado artículo en su primer literal, lo siguiente:
Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sin una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En ese caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de su detención.
El derecho a la libertad personal ocupa una posición privilegiada dentro del conjunto de los derechos fundamentales consagrados en la Ley Fundamental. Su relevancia la pone de manifiesto el propio texto constitucional, que además de calificarlo como “inviolable”, lo refuerza mediante garantías singulares, considerando que este derecho es la base de la situación jurídica general y de la posibilidad de desarrollo del individuo, la primera condición para la libre actuación del ser humano.
Como puede observarse de la norma constitucional antes transcrita, nuestra Ley Fundamental subordina “la más grave injerencia” en ese derecho, la “privación de libertad”, a la adopción de una decisión judicial o, lo que es lo mismo, la toma de decisiones que comporte una privación de la libertad, está reservada al Juez.
En el caso que motiva la presente acción de Amparo Constitucional (Habeas Corpus), es obvio que la detención del precitado ciudadano, en las circunstancias de modo y lugar establecidas en esta decisión están subsumidas en supuestos distintos al de la detención preventiva prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y recogida en el Código Orgánico Procesal Penal, en razón de que las detenciones ejecutadas por los cuerpos policiales ya señalados, no están preordenadas dentro de un proceso penal habiéndose prolongado por un tiempo que excede en demasía al legalmente establecido para este tipo de detenciones (la preventiva) sin que sea posible dentro del actual marco jurídico garantista que caracteriza al Estado Venezolano, justificar la aplicación de los Códigos de Policía Estadales. En virtud de lo cual es evidente que se trata, de una detención policial autónoma, acordada al margen de un proceso penal, lo cual acrecienta sobremanera los poderes policiales.
De tal suerte, es forzoso concluir que la detención del ciudadano identificado en esta decisión, a favor de quien se interpone la acción de amparo, fue practicada al margen de los preceptos constitucionales y, por ende, se traduce en ilícita, esto es, en una privación ilegítima de la libertad para el.
Sin embargo al margen de las anteriores consideraciones y siendo uno de los objetivos de la acción de amparo la restitución de la garantía constitucional infringida, es fundamental precisar si están dadas las condiciones para lograr tal objetivo en el presente asunto. En ese orden de ideas establece el artículo 6° en sus seis ordinales de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales las causales de inadmisibilidad de la acción propuesta, siendo que en su ordinal 1° se lee: “…Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla…”
Y el ordinal 3° del mismo artículo establece:
“…Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Se entenderá que son irreparables los actos, que mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación…”
De tal norma se infiere expresamente que el ejercicio de la acción de amparo se hace inoficioso cuando ha cesado la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional presuntamente lesionado. Interpreta este juzgador que es requisito sine-quanon que la violación del derecho constitucional alegado este vigente, pues si el mismo ha sido restituido o ha cesado su quebrantamiento la acción propuesta será totalmente inadmisible . Todo ello por cuanto se ha perdido en el tiempo el interés para poder sostener la pretensión.
Tal interpretación es cónsona con el efecto restablecedor del amparo constitucional, pues obviamente si al Juez Constitucional no le está dada la posibilidad de reparar la lesión constitucional, necesariamente habrá de concluirse en que se está frente a una lesión irreparable y en consecuencia se materializa la causal de inadmisibilidad de conformidad con lo previsto en los ordinales 1° y 3° del artículo 6 de la Ley especial que rige la materia, en virtud de lo cual este Tribunal ha de declarar INADMISIBLE la presente ACCION DE AMPARO en su modalidad de Habeas Corpus y así lo establece.
DISPOSITIVA
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No. 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, actuando como Tribunal Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA INDAMISIBLE LA ACCION DE AMPARO (HABEAS CORPUS), solicitada por el ciudadano EDUART ENRIQUE CAMACARO CHIRINOS , mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad 13.032.752, actuando en su propio nombre y representación, por haber cesado la violación de la garantía constitucional alegada y ser imposible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Todo de conformidad con lo establecido en los ordinales 1° y 3° del artículo 6° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Consúltese la presente decisión con la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal en su oportunidad legal a tales efectos remítase las presentes actuaciones, tenor de o previsto en el artículo 43 de la precitada Ley.
Notifíquese a la Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Público, al accionante y al accionado. Regístrese y cúmplase
El Juez de Control No 3
Abg. Wilmer Muñoz.
La Secretaria
|
